INFORME DE ANTECEDENTES PENALES

¿QUE ES?

Este Informe de Antecedentes Penales es emitido al amparo del Código de Procedimiento Penal aprobado por la Ley 1970 de fecha 31 de mayo de 1999, refleja el Registro Judicial de Antecedentes Penales, a partir de un registro nacional Centralizado con las siguiente Resoluciones Judiciales: .

  • Sentencias Condenatorias Ejecutoriadas.
  • Resoluciones que declaren la Rebeldía de una persona.
  • Resoluciones que Suspendan Condicionalmente el Proceso.

¿PARA QUE SIRVE?

Este certificado permite acreditar la carencia de antecedentes penales o, en su caso, la existencia de los mismos. Asimismo este Informe puede ser presentado como una prueba de antecedentes ante instancias administrativas y oficinas de Migración de Uruguay.

¿QUIENES PUEDEN SOLICITARLO?

El funcionamiento del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) (Art. 442 Código de Procedimiento Penal) establece que estos registros sean reservados, por ello, está prohibida su difusión o información de manera pública, únicamente pueden acceder a la información registrada en el REJAP las siguientes personas legitimadas:

  • El interesado
  • Los jueces y fiscales
  • Las Comisiones Legislativas bolivianas
  • Las autoridades extrajeras que lo soliciten a título de cooperación judicial internacional.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

Los requisitos son:

  • Presentarse personalmente en la Oficina Consular del Estado Plurinacional de Bolivia en Montevideo.
  • Pasaporte o Carnet de Identidad vigente.
  • Pago de $us. 50.00, a depositar en el Banco Santander, Cuenta Consulado de Bolivia N° 763877905 – Sucursal: 71.
  • Llenar el Formulario de solicitud.
  • El Certificado de Antecedentes Penales podrá ser recogido, previa comunicación vía teléfono o correo electrónico, de manera personal.

La solicitud del trámite por una tercera persona solo será posible cuando:

  • A solicitud de un Juez o Fiscal competente el cual deberá aplicar remitiendo a la Oficina Consular del Estado Plurinacional de Bolivia en Montevideo, adjuntando la Resolución Judicial o documento legal similar.
  • A solicitud de la Defensa Publica en representación del interesado detenido (Ley 1970 Art. 109 y Ley 2496 Art. 25.) con documento legalizado que acredite su condición de legitimado.

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